La CNMC obliga a Telefónica a bajar los precios de líneas alquiladas para la prestación de servicios de banda ancha (ORLA)

  • Equipo de Easy Telecom Law
  • 12 abril, 2017

La CNMC ha revisado los precios mayoristas de Telefónica recogidos en la Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas (ORLA) y ha rebajado los mismos entre un 14% y un 35%. La última revisión se produjo en el año 2015 y en esa ocasión se mantuvieron los precios marcados en 2013, por lo que la presenta rebaja estimula la entrada de nuevos competidores que hasta el momento tenían dificultades para acceder dado el estancamiento de los precios.

Esta Oferta de Referencia es el precio marcado por la CNMC al que Telefónica debe ofrecer el acceso a sus líneas alquiladas a los operadores alternativos con el objetivo de garantizar un mercado competitivo en el sector de las telecomunicaciones. En este caso, las líneas alquiladas son utilizadas para conectar a los clientes con grandes necesidades de banda ancha (como pueden ser hospitales o grandes empresas) directamente con la central del operador. La elevada capacidad de estas líneas también es idónea para desplegar la tecnología 4G.

La CNMC propone a su vez dinamizar los precios marcados en la ORLA para que se adecúen a la rápida evolución de los precios minoristas, por este motivo propone realizar revisiones anuales de precios para las líneas Ethernet.

La resolución de la CNMC afecta también a las tarifas de uso de los cables submarinos que conectan a las distintas islas de Canarias y Baleares entre sí y a la conexión de Ceuta con la Península. En este caso la rebaja del precio se sitúa en una media del 35%, a lo que debe sumarse la propuesta de aumentar el ancho de banda de estas líneas.

Estas medidas resultan un atractivo para aquellos operadores alternativos que quieran hacerse un hueco en el mercado o estabilizar su posición por lo que el estudio de la oferta debería ser de obligado cumplimiento.

Si eres operador, y deseas recibir información más específica sobre los precios finales, los pasos para adherirse a la ORLA, o cualquier otra información al respecto, no dude en ponerse en contacto con nosotros: alejandrar@easytelecomlaw.com

Fuente:

Resolución CNMC, OFE/DTSA/008/16 https://www.cnmc.es/sites/default/files/1517407_2.pdf

Nota de prensa de la CNMC acerca de la Resolución: https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2017/20170704_NP_ORLA_Precios_ok_.pdf

Compliance penal para pequeñas y medianas empresas

  • Equipo de Easy Telecom Law
  • 11 abril, 2017

La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (art. 31 bis CP) introducida por la Ley Orgánica 5/2010, y matizada por la Ley Orgánica 1/2015, se fundamenta en la comisión de delitos en nombre o por cuenta de las empresas y en su beneficio directo o indirecto llevados a cabo por: (i) Sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones u ostentan facultades de organización y control, o (ii) personas que en el ejercicio de sus actividades hayan podido cometer el delito por haberse incumplido los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.

Con lo cual, todas las PYMES en su condición de personas jurídicas, deberán acreditar la adopción y ejecución adecuada de programas de prevención de delitos, implementando mecanismos internos para prevenir, controlar y mitigar la responsabilidad de los administradores así como la comisión de delitos por parte del personal, a través del establecimiento de un “Modelo de Organización y Gestión” denominado en idioma anglosajón “Corporate Compliance”, a los fines de evitar además de la responsabilidad penal, daños patrimoniales y reputacionales.

Delitos por los que podrían ser condenadas penalmente

En la actualidad existe una lista de delitos previstos en nuestro CP -más de 20- por los que una persona jurídica puede ser condenada penalmente, a continuación los mismos:

1.-Tráfico ilegal de órganos (156 bis)

2.-Trata de seres humanos (177 bis)

3.-Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores (189 bis)

4.-Delitos contra la intimidad y allanamiento informático (197)

5.-Estafas y fraudes (251)

6.-Insolvencias punibles (261 bis)

7.-Daños informáticos (264)

8-.Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores (288)

9.-Blanqueo de capitales (302)

10.-Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (310 bis)

11.-Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (318 bis)

12.-Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal (319)

13.-Delitos contra el medio ambiente (327,328)

14.-Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes (343)

15.-Delitos de riesgo provocado por explosivos (348)

16.-Delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas (369 bis)

17.-Falsedad en medios de pago (399 bis)

18.-Cohecho (427)

19.-Tráfico de influencias (430)

20.-Corrupción de funcionario extranjero (445)

21.-Financiación del terrorismo (576 bis)

Penas que podrían aplicarse

Al respecto, podemos indicar que entre las penas aplicables a las personas jurídicas se incluyen: multas, suspensión de actividades, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, prohibición de actividades futuras, intervención judicial, clausura del establecimiento o disolución de la empresa.

Responsabilidad Civil que conlleva la comisión de un delito

Es importante mencionar que, según lo dispuesto en el art. 116.3 CP, la responsabilidad penal de la persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos, remitiéndose a la regulación genérica del art. 110 CP en cuanto al contenido de la responsabilidad civil derivada de delito, que conllevaría la restitución, la reparación del daño, la indemnización de perjuicios materiales y morales.

Para más información pulsa aquí, al igual si quieres presupuesto para elaboración del Corporate Compliance de tu PYME, nos encontramos a tu disposición: alejandrar@easytelecomlaw.com

Telefónica deberá permitir el acceso a su red de fibra óptica a sus competidores

  • Equipo de Easy Telecom Law
  • 27 marzo, 2017

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una nueva oferta mayorista de fibra óptica que afecta a los accesos de fibra hasta el hogar (FTTH) de Telefónica en aquellos municipios en los que presta servicio minorista de banda ancha y que la CNMC considera que no existe un nivel adecuado de competencia.

La oferta consiste en que Telefónica deberá proporcionar el acceso desagregado virtual al bucle de fibra óptica (NEBA). Este acceso además, deberá realizarse cumpliendo una serie de requisitos impuestos por la Comisión: emular las características del acceso virtual al bucle desagregado como si se tratase de un acceso físico, permitir la configuración flexible de las ofertas minoristas de los operadores, garantizar la máxima independencia de los competidores que accedan a la red y adoptar las medidas necesarias para permitir la replicabilidad técnica de los elementos contenidos en la oferta minorista de Telefónica.

El proceso de apertura se estima que se llevará a cabo en el plazo de doce meses desde la Resolución de la CNMC. Por otro lado, la Comisión ha abierto la puerta a la revisión de las obligaciones anteriores de acceso a la red de Telefónica en aquellos municipios en los que se considera que ya existe un mercado competitivo y que no han sido afectados por la presente Resolución.

La Resolución de la CNMC también se pronuncia respecto los precios mayoristas por capacidad contratada en cada PAI del servicio mayorista NEBA, que debían abonar los operadores a Telefónica, rebajando los mismos un 40%.

Si eres operador y deseas beneficiarte de la nueva oferta mayorista de fibra óptima de telefónica, no dudes en contactarnos al correo electrónico y gustosamente te ayudaremos: alejandrar@easytelecomlaw.com

¿Es obligatorio elaborar proyectos técnicos para la instalación de antenas en edificaciones de dominio privado?

  • Equipo de Easy Telecom Law
  • 23 marzo, 2017

Al respecto, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, establece en su Disposición Final Tercera la modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, que introduce la disposición adicional octava la cual señala:

«Las obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado no requerirán la obtención de licencia de obras o edificación ni otras autorizaciones, si bien, en todo caso el promotor de las mismas habrá de presentar ante la autoridad competente en materia de obras de edificación una declaración responsable donde conste que las obras se llevarán a cabo según un proyecto o una memoria técnica suscritos por técnico competente, según corresponda, justificativa del cumplimiento de los requisitos aplicables del Código Técnico de la Edificación. Una vez ejecutadas y finalizadas las obras de instalación de las infraestructuras de las redes de comunicaciones electrónicas, el promotor deberá presentar ante la autoridad competente una comunicación de la finalización de las obras y de que las mismas se han llevado a cabo según el proyecto técnico o memoria técnica.»

Con lo cual, la persona interesada en realizar las obras para la instalación de antenas en edificaciones de dominio privado, sólo deberá presentar una Declaración Responsable de conformidad con un Proyecto Técnico suscrito por Técnico Competente, ante el Ayuntamiento correspondiente, mediante la cumplimentación de un formulario y entrega de la respectiva documentación.

Es importante destacar que, en relación a los Títulos Habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico, el artículo 62 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones detalla respecto a la Declaración Responsable lo siguiente: 

«1. El uso del dominio público radioeléctrico podrá ser común, especial o privativo. El uso común del dominio público radioeléctrico no precisará de ningún título habilitante y se llevará a cabo en las bandas de frecuencias y con las características técnicas que se establezcan al efecto.

(…)

9. Con carácter previo a la utilización del dominio público radioeléctrico, se exigirá, preceptivamente, la aprobación del proyecto técnico y la inspección o el reconocimiento favorable de las instalaciones por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, con el fin de comprobar que se ajustan a las condiciones previamente autorizadas.

En función de la naturaleza del servicio, de la banda de frecuencias empleada, de la importancia técnica de las instalaciones que se utilicen o por razones de eficacia en la gestión del espectro, podrá sustituirse la aprobación del proyecto técnico por una declaración responsable de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información pueda exigir en cualquier momento la presentación del proyecto técnico. Asimismo, podrá acordarse la sustitución de la inspección previa por una certificación expedida por técnico competente (…)». 

Estamos a tu disposición para ayudarte en la elaboración de la Declaración Responsable ante el Ayuntamiento correspondiente: alejandrar@easytelecomlaw.com

Tribunal Europeo de Luxemburgo ha dejado claro que es ilegal el uso de números 902 para la atención al cliente

  • Equipo de Easy Telecom Law
  • 7 marzo, 2017

El Tribunal Europeo de Justicia ha tenido que pronunciarse ante las demandas de una asociación alemana que lucha contra prácticas comerciales desleales que denunciaba el uso de números de tarificación adicional por parte de Comtech, una empresa de venta de aparatos electrónicos. En tal sentido, ha dejado claro que las llamadas a la línea de atención al cliente de una empresa deben tener el coste de una llamada normal, declarando de esta manera la ilegalidad del uso de números 902 y similares que utilizan las empresas para atender a sus clientes.

En caso de que desee ampliar esta información o requiera nuestra colaboración para conocer el impacto específico en su actividad, no dude en contactarnos: alejandrar@easytelecomlaw.com

Fuente: XATAKA MÓVIL – MIKEL CID (2017) “El Tribunal Europeo dicta que usar números 902 para atención al cliente es ilegal”. Noticia disponible en: https://m.xatakamovil.com/mercado/el-tribunal-europeo-dicta-que-usar-numeros-902-para-atencion-al-cliente-es-ilegal. Fecha de publicación: 03/03/2017.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publica Guías para facilitar y fomentar el cumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos

  • Equipo de Easy Telecom Law
  • 24 febrero, 2017

Recientemente, la AEPD ha publicado diversas guías en materia de protección de datos, a fin de facilitar y fomentar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

En tal sentido, el pasado 23 de febrero de 2017 la AEPD publicó la Guía referente a la “Protección de datos y administración de fincas”, tema que se alza como uno de los más consultados en el catálogo de preguntas de la web de la agencia. La referida Guía cuenta con información clara, sencilla, precisa y necesaria para que los administradores fincas puedan proteger de forma efectiva y oportuna, los datos personales de las comunidades de vecinos o propietarios. Entre los aspectos de interés que se manejan en la guía podemos destacar: el conocer quien posee la legitimación para poder realizar el tratamiento de datos de los co-propietarios o vecinos de la finca (responsable del tratamiento o fichero); identificación del tratamiento de esos datos (identificación de los ficheros que incorporan información de los comuneros); la obligación de inscripción de los ficheros en la AEPD desaparecerá el próximo 25 de mayo de 2018, pero aparecerán ciertas medidas de carácter interno que el responsable y/o encargado del tratamiento deberán impulsar y cumplir, debiendo llevar un registro de las actividades del tratamiento; determina la responsabilidades del encargado del tratamiento de las fincas, así como del administrador de fincas en su condición de encargado del tratamiento; las obligaciones de los administradores de las fincas; especificación de las obligaciones en materia de seguridad del tratamiento de datos, entre otros, lo cual contribuirá a facilitar el trabajo de los mismos.

En aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, la AEPD publico asimismo la “Guía del Reglamento europeo para responsables de tratamiento” contentiva, entre otros, de los siguientes aspectos: se informa que se mantiene el principio de que el tratamiento de datos debe apoyarse en una base jurídica que lo legitime, es decir, identificación de la base legal de forma expresa; además incluye que el consentimiento debe ser inequívoco y expreso; la información a los interesados debe realizarse de forma clara y transparente tanto para la recogida de los datos como para el ejercicio de sus derechos; menciona las obligaciones del responsable del tratamiento; el procedimiento para el ejercicio de los derechos de los interesados, y las obligaciones del responsable del tratamiento al respecto; incluye los derechos de limitación y de portabilidad de los datos, e indica que el derecho al olvido, que no es más que una consecuencia de la aplicación del derecho de borrado; señala las responsabilidades del encargado y responsable del tratamiento, las medidas para tener una responsabilidad activa, entre las que se encuentra el registro de las actividades y las medidas de seguridad del tratamiento, etc…

La “Guía para el cumplimento del deber de información”, indica los cambios sobre el deber de información que conllevara la aplicación del RGPD, que información y a quien se debe informar, donde y como informar, entre otros aspectos. Y de igual manera, la “Guía para la elaboración de contratos entre los responsables y encargados”, señala los aspectos a tomar en cuenta tanto por el responsable como por el encargado del tratamiento en el cumplimento de sus funciones, e indica el contenido mínimo que debe tener un acuerdo o contrato de encargo de tratamiento.

En caso de que desee ampliar esta información o requiera nuestra colaboración para conocer el impacto específico en su actividad, no dude en contactarnos: alejandrar@easytelecomlaw.com

Fuente: Portal de la Agencia Española de Protección de Datos – Revista de Prensa – Notas de Prensa (2017) “La AEPD publica la guía ‘Protección de datos y administración de fincas’ para facilitar a este sector el cumplimiento de la normativa”. Noticia disponible en: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_02_23-ides-idphp.php. Fecha de publicación: 23/02/2017.

El Tribunal Supremo aborda el uso de datos fiscales robados para fundamentar condenas

  • Equipo de Easy Telecom Law
  • 30 enero, 2017

Es la primera vez que el Alto Tribunal aborda este tema, y ha confirmado la condena de 6 años de prisión así como 11 millones de multa dictada contra uno de los españoles con cuentas opacas en Suiza que fueron desveladas por Hervé Falciani, ex informático del HSBC.

Falciani sustrajo los datos de más de 500 contribuyentes españoles para intentar venderlos, no lo consiguió y la información acabó en manos de las autoridades francesas, que comunicaron a Hacienda lo que afectaba a españoles. La Agencia Tributaria dio a los afectados la oportunidad de regularizar; al que no quiso, la Abogacía del Estado le llevó a los tribunales. Ahora la Abogacía ha ganado la batalla clave sobre la validez de las pruebas.

La sentencia Manuel Marchena transcrita por el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, rechazó que la obtención ilegal de los datos por parte de Falciani, impida su uso por la Justicia española. Al respecto, distingue entre dos formas de obtención ilícita de documentos o datos de terceros, y considera que cuando lo hace la Policía o los aparatos del Estado no pueden usarse como prueba válida en un juicio, pero cuando los obtiene un particular «sin conexión con los aparatos del Estado y que no buscaba prefabricar pruebas», sino ganar dinero –como era el caso de Falciani–, sí se pueden dar validez a la prueba.

De esta manera, el Alto Tribunal avala el caso Falciani pero cierra la vía a que las Fuerzas de Seguridad y los Servicios de Inteligencia que puedan encargar a algún empleado el robo de datos, y añade que para acordar o no la licitud del uso de los datos en un juicio, es necesario ponderar las circunstancias de cada caso concreto. «Lo determinante», insiste, «es que nunca, de forma directa o indirecta, haya actuado como una pieza camuflada del Estado al servicio de la investigación penal».

La sentencia concluye con una advertencia a las Fuerzas de Seguridad: «Los funcionarios del Estado que investigan el delito han de estar convencidos de que tampoco su trabajo podrá ser valorado si las pruebas obtenidas lo han sido mediante el subterfugio de la utilización de un activo particular que, sabiéndolo o no, actúa a su servicio».

En caso de que desee ampliar esta información o requiera nuestra colaboración para conocer el impacto específico en su actividad, no dude en contactarnos: alejandrar@easytelecomlaw.com

Fuente: EL MUNDO – Manuel Marraco Madrid (2017) “El TS Permite Condenar Con Datos Robados. ‘AVISO PARA EL CASO PUJOL’”. Noticia disponible en goo.gl/2oQJKS